Compliance público: Cómo evitar sanciones y riesgos legales en la administración

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La administración pública enfrenta cada vez más exigencias en términos de transparencia y cumplimiento normativo. En este contexto, el compliance público se ha convertido en una herramienta clave para garantizar que las instituciones cumplan con la legislación vigente y eviten sanciones o riesgos legales que puedan afectar su operatividad y reputación.

¿Qué es el compliance público y por qué es importante?

El compliance público es un conjunto de normas, procedimientos y controles destinados a asegurar que las administraciones cumplan con la legislación aplicable y actúen conforme a principios éticos. Su implementación permite:

  • Prevenir irregularidades y malas prácticas.
  • Reducir riesgos legales y económicos.
  • Fortalecer la confianza de la ciudadanía.
  • Garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos.

En un entorno donde las normativas son cada vez más estrictas, contar con un sistema de cumplimiento normativo sólido puede marcar la diferencia entre una gestión eficiente y una expuesta a sanciones o escándalos.

 

Principales riesgos que enfrenta la administración pública

Las administraciones deben hacer frente a distintos riesgos legales que pueden comprometer su funcionamiento, tales como:

  1. Corrupción y sobornos: La falta de controles puede derivar en prácticas fraudulentas en contratación pública y gestión de fondos.
  2. Incumplimiento en protección de datos: Un manejo inadecuado de la información ciudadana puede generar sanciones y pérdida de confianza.
  3. Deficiencias en contratación pública: Errores en los procesos de licitación pueden derivar en impugnaciones o anulaciones de contratos.
  4. Mal uso de subvenciones y fondos europeos: La incorrecta gestión de fondos puede resultar en sanciones y pérdida de financiación.

 

¿Cómo implementar un buen sistema de compliance público?

Para minimizar estos riesgos, las administraciones pueden adoptar las siguientes medidas:

  • Crear un código ético: Establecer principios de actuación claros para funcionarios y proveedores.
  • Designar un responsable de cumplimiento: Un perfil encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento normativo.
  • Capacitar al personal: La formación continua ayuda a evitar errores y a mejorar la gestión administrativa.
  • Digitalizar los procesos: La transparencia y trazabilidad aumentan con la automatización de trámites y auditorías internas.
  • Establecer canales de denuncia: Permiten detectar irregularidades de manera temprana y actuar en consecuencia.

El compliance público no es solo una exigencia legal, sino una oportunidad para mejorar la eficiencia y la confianza en la administración. Implementar un buen sistema de cumplimiento normativo permite evitar riesgos, mejorar la transparencia y garantizar una gestión pública alineada con las mejores prácticas.

En Áurica, ayudamos a las administraciones a fortalecer sus estrategias de cumplimiento, asegurando que operen con integridad y dentro del marco legal.

Somos una asesoría jurídica especializada en ofrecer soluciones estratégicas para profesionales, administraciones públicas e individuales.

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