La gestión de datos personales es un aspecto crítico en la administración pública. Desde expedientes ciudadanos hasta historiales médicos y registros fiscales, las administraciones manejan información sensible que debe estar protegida bajo estrictos estándares legales. En este contexto, cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y otras normativas no solo es obligatorio, sino que también refuerza la confianza de la ciudadanía.

¿Cuáles son las principales obligaciones de la administración pública en protección de datos?

Las entidades públicas deben garantizar que el tratamiento de datos personales se realice con base en los siguientes principios:

1. Licitud, lealtad y transparencia: Solo se pueden recopilar y tratar datos con una base legal clara y con el conocimiento de las personas afectadas.

2. Limitación de la finalidad: Los datos deben usarse exclusivamente para los fines declarados y no para otros distintos.

3. Minimización de datos: Solo se debe recopilar la información estrictamente necesaria.

4. Seguridad y confidencialidad: Se deben aplicar medidas de seguridad adecuadas para evitar accesos no autorizados o filtraciones.

5. Responsabilidad proactiva: Las administraciones deben demostrar que cumplen con la normativa y que han tomado medidas para proteger los datos.

Retos en la protección de datos en el sector público

El sector público enfrenta desafíos específicos en la gestión de datos personales, tales como:

• Gran volumen de información: La cantidad de datos que manejan las administraciones requiere sistemas seguros y eficientes.

• Interoperabilidad entre sistemas: Compartir datos entre distintas administraciones sin vulnerar la normativa es un reto clave.

• Gestión de brechas de seguridad: Un incidente de seguridad puede comprometer la información de miles de ciudadanos.

• Uso de nuevas tecnologías: La digitalización y la inteligencia artificial plantean dudas sobre cómo garantizar el cumplimiento normativo.

Buenas prácticas para cumplir con la normativa

Para asegurar una gestión de datos responsable, las administraciones pueden implementar las siguientes buenas prácticas:

• Realizar evaluaciones de impacto en protección de datos (EIPD).

• Nombrar un Delegado de Protección de Datos (DPO) que supervise el cumplimiento normativo.

• Capacitar al personal administrativo en el manejo seguro de información sensible.

• Adoptar medidas de ciberseguridad, como cifrado de datos y autenticación de doble factor.

• Garantizar la anonimización y seudonimización en los datos cuando sea posible.

La protección de datos en el sector público no es solo una obligación legal, sino una necesidad para garantizar la confianza ciudadana y evitar sanciones. Implementar políticas de seguridad adecuadas, capacitar al personal y garantizar la transparencia en el tratamiento de la información son claves para una gestión pública responsable.

En Áurica, ayudamos a las administraciones a cumplir con la normativa de protección de datos, asegurando un tratamiento seguro y ético de la información pública.